23 Oct NUESTRO RÉGIMEN GUBERNAMENTAL PROTEGE LA CORRUPCIÓN DE MENORES
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POR: ARQ. CARLOS MARTIN QUINTERO ORCI
Antes aclaro porqué en vez de utilizar el término “administración” uso el de “régimen”: porque no son lo mismo. En una administración gubernamental, hay un recurso humano para originar un vínculo entre los ciudadanos y el gobierno, y así satisfacer el interés colectivo. El régimen, en cambio, aunque emana de la voluntad de la gente, su propia estructura termina condicionando la voluntad de la población, tal como está ocurriendo en México.
En un régimen totalitario –hacia el cual es evidente que estamos siendo conducidos- la policía y la propaganda se convierten en instrumentos para presionar y someter al pueblo. En este caso, no hay separación de poderes ni soberanía. El poder total lo tiene el Estado, que se salta todos los derechos y normas básicas establecidas, tal como ocurre en los países comunistas.
Un ejemplo de este tipo de asalto a nuestros derechos ocurrió hace unos días, cuando el Senado mexicano –de mayoría morenista- aprobó (sin haber pasado, como debería, por la Comisión de Salud) una ley que prohíbe y penaliza las terapias de “conversión” sexual, incluyendo las de menores de edad, ignorando los derechos de sus padres. Y todo esto para someterse a la agenda 2030 de la ONU, que en teoría, busca un cambio socio-cultural a nivel mundial para mejorar la calidad de vida de toda la gente, pero que entre sus fines ocultos se encuentran el control natal (incluído el aborto) y la imposición de la ideología de género.
Una táctica sencilla pero eficaz para lograr este tipo de fines es el de manipular la semántica, el distorsionar el significado de las palabras, como por ejemplo “discriminación”, que es negarle a una persona sus derechos basado en prejuicios. Pero ahora, utilizar el sentido común, como negarle a un hombre la entrada al baño de mujeres, o que un pastelero o fotógrafo, en coherencia con sus valores morales, elija no prestar sus servicios para una boda gay, también se le llama “discriminación”.
Lo mismo ocurre con el término “violencia” que es agredir de manera física o verbal a alguien. Hace unos años, nuestras autoridades lanzaron una campaña para inculcar la idea de que cualquier cosa que moleste o perjudique a alguien –aunque no implique ninguna clase de agresión- es “violencia”. Poco les faltó para decir que mirar de fea manera a alguien es “violencia”. De esa campaña, que parecía no tener sentido, ahora ya salió el peine.
Los políticos –principalmente los de izquierda- y los colectivos gay consideran las terapias de conversión (que no son de “conversión”, ya que no buscan transformar a alguien en algo que no es, sino curarlo de un desorden psicológico) como una forma de “violencia”, y su prohibición se hace bajo amenaza de multas muy elevadas y hasta penas de cárcel para los profesionales de la salud mental que las practiquen.
Y en el caso de los menores de edad, el que sean sus propios padres quienes los lleven a terapia, no solamente no va a ser visto como un atenuante, sino que, por el contrario, será un agravante, con multas aún más elevadas. Y aunque la reforma no establece que los padres de familia sean encarcelados, los términos de la redacción abre la puerta para que se pueda hacer hasta por 18 años, pero los senadores del partido comunista (Morena) y MC rechazaron hacer modificaciones.
La cosa será aún peor para los padres cuando se compruebe que para cometer el “crimen” hubo violencia física o psicológica, o también “violencia moral”. O sea que un padre de familia puede ser fuertemente penado por inculcar valores morales a sus hijos, lo que abre oficialmente ya la puerta para violar la libertad religiosa, reconocida por la Constitución.
Para aprobar esta ley, al contrario de la supuesta consulta para ver si se detenía la construcción del NAIM, no se consultó al “pueblo sabio”. Es obvio que ni aun los más fanatizados partidarios del actual régimen estarían dispuestos a aprobar una medida tan diabólica y que violaría flagrantemente sus propios derechos como padres de familia. La ley fue impuesta por el Senado sin importar que la gran mayoría de los ciudadanos no estuviéramos de acuerdo. La impuso Morena porque “nomás sus chicharrones truenan”. Esto no es democracia (el gobierno del pueblo) sino tiranía, simple y llanamente.
Y mientras haya apatía entre la gente que se opone a estas cosas (muy pocos asisten a manifestaciones de protesta y muestran un alto grado de abstencionismo en las elecciones), las cosas van a empeorar aún más, y pronto nos quitarán todas nuestras libertades.
Carlos Martín Quintero Orcí
Puntos curriculares:
*Arquitecto con experiencia en todo tipo de proyectos.
*Colaborador de INCIDE desde el 2001.
*Historiador aficionado de la ciudad de Hermosillo.
*Escritor en diferentes medios acerca de diferentes temas.
*Fotógrafo del paisaje y de la construcción.
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