29 Ene CFE alimentada por Contaminantes

Otros artículos que te pueden interesar:

http://consejoincide.com/category/articulos/

El Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana A.C., responde al Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, pronunciándose porque el Estado Méxicano priorice los recursos canalizándolos a gobernabilidad, seguridad pública y plena vigencia del Estado de Derecho. El servicio eléctrico debe regularse a partir de la libre competencia en calidad y precio. México requiere una política energética de estado, que mire más allá de la próxima elección, que mantenga y atraiga la inversión, nacional y extranjera, para generar empleos formales, ingresos fiscales y desarrollo sostenible. Así como un suministro contínuo y de calidad del fluido.

Debemos reconocer que México es un país rico en recursos, con un estado débil, ineficiente e ineficaz. Especialmente en su mandato fundacional de mantener la gobernabilidad, velar por la efectiva aplicación de las leyes y procurar el desarrollo de la nación. Reconocer esta realidad debe guiar la legislación, la administración y la impartición de justicia, en todos los asuntos públicos, incluida la Reforma Eléctrica, motivo de este comunicado.

El Estado debe, ante sus reducidos recursos y bastas responsabilidades, establecer un orden de prioridad sobre las actividades que puede, debe o tiene que ejercer directamente; dejando bajo estricta supervisión aquellas cuyos recursos le es imposible atender sin haber cumplido previamente el mandato fundacional de nuestro contrato social.

Así, la Reforma Eléctrica se inscribe, en el contexto de la Reforma Energética, en una lógica política y económica comprensible en el corto plazo. ¿Para que aceptar que la iniciativa privada genere energía si México tiene, a través de las empresas “productivas” del estado, capacidad instalada para atender una importante proporción de la demanda? La respuesta es clara. El Estado Mexicano no cumple con su misión fundamental de garantizar gobernabilidad, justicia y condiciones de desarrollo humano para sus ciudadanos. En consecuencia, debe canalizar prioritariamente sus recursos a su misión esencial, sin que ello impllique renunciar a su obligación regulatoria de todos los sectores económicos, incluido, por supuesto, el energético, y, de manera específica, el eléctrico.

Así el Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana A.C. reflexiona sobre la estratégica reforma al sector eléctrico, de la siguiente manera:

Comencemos diciendo la verdad a la sociedad mexicana. La reforma eléctrica se inscribe en el marco de la contra reforma energética y se propone monopolizar el 54% de la demanda eléctrica nacional. ¿Y esto por qué? Porque con el marco regulatorio prevaleciente, como consecuencia de la reforma energética de 2013, se da prioridad a la energía más barata y generada con tecnología limpia como el viento, el sol y el agua, sobre aquella generada por la quema de combustibles fósiles. En consecuencia, mientras más energía limpia generen los empresarios y la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), más infraestructura de generación mediante combustibles fósiles propiedad de la CFE quedará inactiva o subutilizada. Cabe mencionar que la CFE siempre ha conservado el monopolio de la distribución del fluido eléctrico.

Ahora bien ¿Por qué no dejar que la CFE se gane con calidad y precio su cuota del mercado eléctrico nacional? ¿Por qué garantizarle una cuota mayoritaria del mercado sin haberselo ganado? Aquí es donde conecta la Reforma Eléctrica con la otra gran empresa “productiva” del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Cantarell, el principal yacimiento petrolero de México y uno de los más grandes del mundo, alcanzó su pico de producción en 2004. Año de la mayor producción de toda la historia de PEMEX, produciendo 3.4 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Iniciando un contínuo declive de la producción, pues las exploraciones demostraban que el restante petróleo mexicano se encuentra principalmente en aguas profundas o mediante la técnica de fracking. Actividad donde PEMEX no tiene experiencia ni recursos para invertir. Por lo cual se decidió invitar a empresas privadas a competir por la explotación de estos recursos, entregando a México el 74% del valor del petróleo extraído, una de las rentas más altas del mundo. Sin embargo, las subastas dejaron de realizarse al iniciar el actual gobierno federal. Esto pese a que un tercio del gasto público nacional se financia con los impuestos a Pemex y la extracción de petróleo ha caído a menos de la mitad de sus mejores años. Lo que ha dejado a la empresa con una deuda de más de $100 mil millones de dólares americanos.

Una medida central en la Reforma Eléctrica en marcha es cambiar el orden de despacho de energía por parte de las centrales de generación en el siguiente orden: en primer lugar a las hidroeléctricas; las carboeléctricas y las termoeléctricas alimentadas por combustoleo; en segundo lugar, las de ciclo combinado a base de gas (propiedad de la CFE); en tercer lugar, a la energía limpia generada por empresas privadas a partir del viento y el sol; y finalmente, las de ciclo combinado a base de gas de empresas privadas.

En consecuencia, podríamos preguntarnos ¿a quién se le ocurre darle prioridad a las carboeléctricas y termoeléctricas sobre las centrales generadoras a base de viento y sol? Parece ilógico, pero no lo es cuando lo que se pretende es maximizar el uso de la capacidad instalada por la CFE, especialmente si comprarán el combustible alto en azufre producido por PEMEX y que nadie más le compraría en el mercado internacional. Combustible originalmente destinado al mercado de las navieras, pero que la legislación internacional las ha obligado a reducir sus emisiones altamente contaminantes.

Afortunadamente la medida ha sido detenida por el Poder Judicial Federal, que aún muestra ocasionalmente cierta autonomía. Lo que ha obligado al Ejecutivo Mexicano a ir por una reforma constitucional, sin contar con la mayoría de legisladores de su partido para realizarla. Existiendo siempre la posibilidad de alcanzarla si logra convencer, por cualquier medio, a algunos legisladores de la desorganizada oposición.

El problema es que estos golpes de timón han paralizado la inversión privada en México, nacional y extranjera, pues si algo no le gusta al capital es la incertidumbre.

La meta es que México produzca y consuma en su mercado interno todos los combustibles que requiere para 2023, así sean estos altamente contaminantes. Los compromisos internacionales de México en reducción de emisiones y los derechos humanos de los ciudadanos a un ambiente limpio, parece pensar esta Administración, bien pueden esperar unos años más.

Roberto Arriola García

• Analista y emprendedor social.
• Promotor del bienestar multidimensional.
• Formado en las artes y las ciencias de la política, la comunicación y el derecho.
• Columnista y editorialista en medios de comunicación.
• Es presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios de Calidad de Vida y presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana.

Se permite el uso, distribución y difusión del contenido publicado en  http://consejoincide.org/  toda vez que se cite la fuente, al autor, se vincule al artículo en nuestro sitio web y se mantenga la intención del contenido.