09 Ago GOBERNANZA HÍDRICA 2
Estimados lectores de INCIDE, en esta ocasión me permito presentar a ustedes el documento resultado de un proceso de diálogo denominado Pacto Social por el Agua, que el Consejo Consultivo del Agua, AC, del cual me honro en formar parte, organiza en coordinación con entidades y organismos vinculados con el propio Consejo, desde inicios del año pasado. La intención es la de sentar las bases para la construcción de un Pacto que permita generar consensos y dirimir conflictos sobre los grandes retos y oportunidades que enfrenta el sector hídrico mexicano, para luego plantear la acción colectiva necesaria para lograr su transformación.
El Consejo Consultivo del Agua A.C. (CCA) es una asociación civil plural e independiente, integrada por personas de reconocido prestigio, trayectoria, experiencia y conocimiento sobre el sector hídrico, así como de organizaciones de los sectores social, económico, académico y por los grandes usuarios del agua en México. Desde su creación, hace 20 años, el CCA ha trabajado en propuestas e iniciativas que tienen el objetivo de atender la problemática de los recursos hídricos de nuestro país. De conformidad con el artículo 14 bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales, el CCA tiene la facultad de asesorar y recomendar al Ejecutivo Federal respecto a los problemas nacionales prioritarios y estratégicos relacionados con la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales y su restauración.
Derivado del proceso del citado Pacto Social y con el objetivo de enriquecer el debate en la esfera pública sobre los cambios y reformas que el sector hídrico necesita, el Consejo presenta este Documento de Posición, denominado “Principios Normativos y Lineamientos Organizativos del Sector Hídrico Mexicano”, el cual recoge las opiniones de muchos de los participantes en los foros organizados durante el proceso mismo así como de la revisión exhaustiva de las mejores prácticas internacionales, adaptadas al contexto mexicano. Cabe aclarar que esta publicación no es
definitiva, es en realidad un documento vivo y en continua retroalimentación y constante transformación -como propio Consejo Consultivo del Agua A.C.-, y así buscar responder siempre a nuevos retos e integrar nuevas ideas, entendimientos y respuestas.
PRINCIPIOS NORMATIVOS Y LINEAMIENTOS ORGANIZATIVOS DEL SECTOR HÍDRICO MEXICANO
El buen funcionamiento del sector hídrico mexicano y su sustentabilidad a largo plazo debe ser considerado materia de seguridad nacional, pues de ello depende, hoy y siempre, la salud y el bienestar de todos los mexicanos y mexicanas, el desarrollo funcional de sus actividades socioeconómicas y culturales, así como la viabilidad de los ecosistemas y su biodiversidad.
El Estado y la sociedad en su conjunto deberán dar la más alta consideración e importancia al buen funcionamiento del sector hídrico mexicano. Esto implica incrementar sustantivamente el presupuesto público dedicado hacia el sector y fortalecer las facultades y capacidades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) . Asimismo, los actores políticos y sociales deben buscar, de manera responsable y cohesionada, los acuerdos sociopolíticos necesarios para fortalecer la gobernanza del sector hídrico y garantizar su gobernabilidad.
Al mismo tiempo, se debe habilitar un proceso de construcción social de un auténtico sentido de corresponsabilidad, interdependencia y unidad nacional en torno al cuidado de los recursos hídricos, pues el agua es en el centro del desarrollo nacional y los recursos hídricos son utilizados y compartidos por toda la sociedad y debiera ser nuestro objetivo prioritario cuidarlos colectivamente y con una visión de largo plazo.
- Es crítico fomentar el desarrollo de una cultura del agua a la altura de los retos que enfrenta México en materia de seguridad hídrica y basada en el fomento de una ciudanía informada, educada y corresponsable -incluyendo una cultura de pago de tarifas y de derechos por el uso del agua.
Es imposible visualizar la materialización de las transformaciones que el sector hídrico mexicano necesita sin la participación informada, comprometida y corresponsable de la sociedad. Si los ciudadanos no cuidan los recursos hídricos a través de su comportamiento cotidiano y no respetan el Estado de derecho, difícilmente van a exigirle al Estado que se encargue de manera prioritaria y comprometida. De tal forma, es crítico desarrollar un proceso de educación y generación de cultura hídrica y de cultura cívica que informe y concientice a la población desde la niñez sobre los retos que México enfrenta en materia de seguridad hídrica y sobre cómo los mexicanos y mexicanas podemos colaborar en su resolución. Es crítico desarrollar una cultura que reconozca el valor social, económico y ambiental de los recursos hídricos, incluyendo una cultura de pago de tarifas por los derechos y servicios del agua.
- La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad y urgencia de disponer de buenos servicios de agua potable y saneamiento para toda la población y también de la relevancia de contar con los recursos hídricos regionales disponibles para cubrir las crecientes demandas de agua para uso doméstico; así esta crisis debe de representar una oportunidad para valorar la relevancia del sector hídrico en las condiciones de salud pública y bienestar de los mexicanos, y de su potencial para contribuir en el proceso de recuperación económica y reconstrucción social con una visión de auténtica seguridad hídrica y resiliencia.
El acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento ha sido un factor clave para atender la emergencia de salud pública causada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, de los proveedores de servicios de agua potable y saneamiento y del sector privado, hay algunas poblaciones que no tienen acceso constante a dichos servicios, una situación que las hace todavía más vulnerables a la enfermedad. De la misma forma, ha sido necesario reconsiderar la disponibilidad de los recursos hídricos regionales -en algunas zonas metropolitanas- para asegurar que existen suficientes recursos hídricos para destinarlos a uso doméstico. Es un hecho que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la relevancia del sector hídrico en la salud y bienestar de la población, lo que representa una oportunidad para que se haga un esfuerzo, sin precedentes, para que el sector hídrico este en el centro del proceso de recuperación económica y reconstrucción social, haciendo grandes inversiones en el sector -lo que tendría impactos positivos en el sector de la construcción, en la generación de empleos y en la demanda agregada local- y haciendo también grandes esfuerzos de reforma institucional y transformación de la política hídrica con una visión de seguridad hídrica para todos y de resiliencia institucional. Lo anterior es clave para enfrentar la gran crisis socioeconómica que enfrentamos a causa del COVID-19 y la gran necesidad de reconstruir mejor a favor de la estabilidad política y la paz social.
- El sector hídrico mexicano requiere de un proceso de fortalecimiento institucional profundo y de transformación de la gobernanza hídrica; estos dos procesos deben respetar y basarse en los principios normativos que sustentan nuestra democracia liberal representativa, el pacto federal cooperativo y el Estado de Derecho.
La gobernanza hídrica tiene que apegarse a una serie de principios políticos rectores, arreglos institucionales y políticas públicas que deben de garantizar la práctica de la democracia representativa -donde la autoridad y el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por la autoridad del agua, en este caso la CONAGUA-; el federalismo cooperativo -donde el gobierno federal, los estados y municipios colaboran sostenidamente y de manera concurrente en la prosecución de los objetivos de la política hídrica nacional, cada uno en su territorio de competencia y utilizando sus respectivas facultades y recursos para la realización de fines comunes-; y el Estado de derecho –donde toda acción del Estado y la sociedad está subordinada y sujeta a la Ley de Aguas Nacionales y otras normativas relevantes sin excepción-; creando así las condiciones necesarias para la impartición de justicia y la gobernanza hídricas, y asegurando una buena gobernabilidad del sector hídrico mexicano.
- Todos los actores interesados que participen en el proceso de fortalecimiento y reforma del sector hídrico y en la gobernanza hídrica deben de respetar el pluralismo político, la diversidad y la inclusión social, y, de manera fundamental, el Estado de Derecho.
Los recursos hídricos son base de la salud, el bienestar y la prosperidad de todos los mexicanos, por tanto, se deben reconocer y reconciliar la diversidad de valores, visiones e intereses de los diferentes usuarios del agua, incluyendo de manera comprometida aquellos de los pueblos originarios y la visión de género. La CONAGUA, en colaboración con la sociedad civil organizada y la academia, desarrollará los arreglos institucionales necesarios para la oportuna y efectiva generación de consensos sociales y resolución de conflictos, garantizando, en el contexto del sector hídrico, las condiciones necesarias para el respeto al Estado de derecho y el salvaguardo de la estabilidad política, paz social y libertad individual.
- La política hídrica debe de ser una verdadera política de Estado, es decir, debe tener objetivos claros y de largo plazo; debe ser transversal a los demás sectores de política pública y comprender la actuación concurrente de los tres órdenes de gobierno; debe ser monitoreada y evaluada constantemente; y de manera imprescindible, el sector hídrico debe contar con los recursos financieros necesarios para su implementación.
La política hídrica debe perseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe de buscar el logro de la seguridad hídrica para todos los mexicanos a través de una auténtica implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos, de la institucionalización de la resiliencia y del cuidado del medio ambiente, incluyendo las soluciones basadas en la naturaleza. Para ello, se debe fortalecer el proceso de planeación hídrica con una perspectiva de gestión por resultados y con una visión de largo plazo. Se deben fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional necesarios para fomentar una auténtica transversalidad con los otros sectores de política pública -incluyendo el sector de agricultura-desarrollo rural, desarrollo urbano, entre otros- y gobernanza cooperativa con visión de género. Se deben de canalizar los recursos financieros suficientes -tanto públicos, privados y sociales- para invertir los montos necesarios para asegurar el logro de los objetivos de la política hídrica y de acuerdo con un sistema robusto de priorización y programación de inversiones.
- La Comisión Nacional del Agua es la autoridad gubernamental responsable de la definición y la implementación de la política hídrica y tiene que ser fortalecida en sus mandatos, facultades y capacidades para coordinar a las instituciones gubernamentales relevantes y a la sociedad en el proceso de gobernanza del agua y con el objetivo de lograr los objetivos de la política hídrica y asegurar la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales.
El Estado Mexicano, a través de la CONAGUA, será la autoridad gubernamental responsable de la administración y gestión de los recursos hídricos y su actuación estará siempre normada por la Ley de Aguas Nacionales -y otras normativas relevantes de la Administración Pública Mexicana-; orientada en su quehacer por el Programa Nacional Hídrico -robustecido a través de un programa de inversión sectorial actualizado-; retroalimentada por los mecanismos de participación social estipulados en dicha Ley; y monitoreada y evaluada en su desempeño a través de mecanismos robustos de auditoria social, libertad de información, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Al ser el sector hídrico materia de seguridad nacional -como lo hemos visto claramente con la crisis del COVID-19-, la Comisión deberá ser fortalecida en sus facultades políticas; capacidad institucional, presupuestal y de financiamiento; en sus recursos humanos y tecnológicos, y para que ésta pueda desempeñarse efectiva y oportunamente a lo largo de todo el territorio nacional.
- Es necesario fortalecer los mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas sobre los procesos de administración y gestión del agua; sobre la eficiencia del gasto público en el sector hídrico; sobre la evolución en materia de coberturas, disponibilidad del agua superficial y subterránea, adjudicación de derechos y concesiones de aguas, calidad de los cuerpos de agua, y desempeño de los prestadores de servicios, incluyendo la eficiencia de las plantas de tratamiento, entre otros aspectos relevantes.
Cualquier persona y organización debe de poder tener acceso libre, fácil y oportuno a la información necesaria para conocer el estado de los recursos hídricos en México, así como sobre el desempeño de las autoridades y prestadores de servicios de agua potable y saneamiento. Esa información debe estar sistematizada de tal forma que sirva para evaluar situaciones y tomar decisiones; así como para poder exigir a las autoridades acciones correctivas de ser necesario. Es de gran relevancia que la CONAGUA con las autoridades competentes -como el CONEVAL- y otros actores independientes evalúen el desempeño de la política pública y del gasto público. Es también muy importante considerar mecanismos alternativos de auditoría social para facilitar la participación social en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
- La Ley de Aguas Nacionales es un instrumento esencial para la evolución y mejoramiento del sector hídrico, en su actual forma contiene los elementos estructurales necesarios para conducir apropiadamente al sector hídrico mexicano; sin embargo, la realidad es que dista de haberse aplicado cabalmente y requiere ahora urgentemente de algunas adecuaciones para enfrentar los retos actuales y futuros que confronta México en materia de administración, gestión y desarrollo de los recursos hídricos con una visión de seguridad hídrica, equidad social y desarrollo sostenible.
Muchos actores políticos y sociales consideran que es absolutamente necesaria una nueva Ley de Aguas Nacionales para responder a los retos que enfrenta el sector hídrico mexicano. Sin embargo, es también posible considerar que la transformación estructural del sector no depende de la existencia de una nueva ley, sino de la correcta y consistente aplicación de la existente y de la enmienda y adecuación de algunos de sus componentes. La transformación del sector hídrico mexicano depende directamente de una serie de factores interdependientes, abordados en el presente documento.
- El Estado mexicano tiene que garantizar la implementación del derecho humano al agua y saneamiento para todos los mexicanos; lo anterior implica la definición de una estrategia adecuada a la realidad socioeconómica y al contexto institucional de México, una mayor atención por parte de las autoridades gubernamentales -en los tres órdenes de gobierno-, una mayor capacidad de respuesta por parte de los prestadores de servicio, una mayor canalización de recursos financieros y tecnológicos, así como una mayor corresponsabilidad y cooperación con los actores interesados.
Se deben fortalecer y alinear los arreglos institucionales y la política hídrica para garantizar la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento en sus distintas dimensiones de suficiencia, salubridad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Se deben desarrollar los mecanismos necesarios de gobernanza cooperativa -entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil-, de financiamiento público y combinado; de subsidios enfocados e inteligentes; de tarifas diferenciales con visión social y de justicia hídrica; y de innovación tecnológica -por ejemplo, con el uso de sistemas descentralizados- para garantizar el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento, sobre todo para los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la población que habitan las zonas peri-urbanas y rurales con mayores rezagos y pobreza.
- Es necesario fortalecer y modernizar el régimen de concesión de aguas nacionales – apegado con rigor a lo dispuesto en el artículo 27 Constitucional- para impulsar el logro de la seguridad hídrica para todos los mexicanos, para sostener el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental en el largo plazo, para tener resiliencia frente al cambio climático, y para proteger el ciclo hidrológico en su conjunto, así como la viabilidad de los ecosistemas y su biodiversidad.
Se deben fortalecer y modernizar los procesos de monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad de los recursos hídricos para conocer con precisión su verdadera condición de disponibilidad regional, un aspecto clave para la planeación hídrica. De manera muy relevante, se debe de fortalecer y modernizar el Registro Público de Derechos de Agua para que el proceso de administración de los recursos hídricos sea más eficiente, efectivo y transparente. Se debe también transformar el régimen de concesión de aguas nacionales con el objetivo de asegurar el derecho humano al agua al largo plazo; para dotarlo de mayor certeza jurídica para todos los usuarios; y para conferirle de mayor resiliencia/flexibilidad adaptativa para enfrentar las crecientes tendencias de mayor competencia y conflicto por el uso del agua, así como para enfrentar la incertidumbre derivada del cambio climático -por ejemplo, a través de instrumentos como las transmisiones temporales, el uso provisional de aguas y los centros de intercambio de aguas. Asimismo, el régimen de concesión de aguas debe fomentar, a través de diferentes instrumentos regulatorios, fiscales y económicos, el uso eficiente del agua y fomentar la productividad hídrica en todos los sectores, incluyendo la industria, la agricultura y la minería, de tal manera que se facilite la viabilidad a largo plazo de las actividades productivas. Finalmente, el régimen de concesión de aguas nacionales debe contar con los instrumentos necesarios para proteger el bienestar y costumbres en el uso del agua de los pueblos originarios y asegurar el buen funcionamiento de los ecosistemas y su biodiversidad, conforme al marco constitucional.
- El Estado mexicano tiene que garantizar la certeza jurídica para todos los usuarios de las aguas nacionales que cumplan con la Ley de Aguas Nacionales.
La certeza jurídica es la base del funcionamiento de una democracia liberal y una economía de mercado, pues ésta incentiva la actividad económica de todos los actores productivos y el crecimiento económico; lo que tiene un impacto positivo sobre el desarrollo socioeconómico y de múltiples maneras, incluyendo: una mayor inversión privada en actividades productivas -lo que a su vez permite una mayor recaudación fiscal-, una mayor generación de empleo y un aumento de la demanda agregada. En este sentido, todos los usuarios de las aguas nacionales tendrán el derecho al usufructo de los recursos hídricos para la realización de sus actividades socioeconómicas y culturales, siempre y cuando lo hagan apegados a la Ley de Aguas Nacionales, adscribiéndose fielmente al régimen de concesión de aguas nacionales y sus actividades se lleven a cabo de manera transparente y sin poner en riesgo -de acuerdo a métricas racionales, con base científica y en estricto apego a Ley de Aguas Nacionales- la seguridad hídrica local y la integridad de largo plazo del ciclo hidrológico local.
- Se debe avanzar en logro de la seguridad hídrica frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos derivados del cambio climático, frente a los desastres naturales y otras emergencias complejas, y frente a otro tipo de presiones adversas y a través de la institucionalización de la resiliencia en la política hídrica.
La resiliencia se define como la capacidad que tiene una sociedad para adaptarse y enfrentar efectiva y eficientemente las tendencias e incertidumbre de mediano y largo plazo y los ‘shocks’ y emergencias repentinas. La política hídrica debe desarrollar entonces los arreglos institucionales, los mecanismos de financiamiento e innovación tecnológica necesarios para fomentar la resiliencia; lo que significa transitar a modelos de gestión más preventivos, implementando el “principio precautorio” y de “sin arrepentimientos”, y fortaleciendo las capacidades institucionales para enfrentar de manera oportuna, coordinada y efectiva la atención de emergencias y desastres naturales diversos. Debe de fomentarse una cultura de corresponsabilidad en los procesos la planeación resiliente y preventiva, incluyendo la participación del sector de seguros y otros actores relevantes.
- Es necesario fortalecer y modernizar la participación social de todos los actores interesados en la gobernanza del agua y a través de los arreglos institucionales creados y robustecidos para este fin, incluyendo los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, el Comité Técnico de la CONAGUA, los consejos de administración de los organismos operadores u organismos análogos, las organizaciones de usuarios y el Consejo Consultivo del Agua, entre otros espacios de participación social ordenada y propositiva.
Los retos hídricos que enfrenta el país son enormes y ningún actor político o social puede enfrentarlos solo. Luego entonces se debe fomentar el fortalecimiento de los arreglos institucionales que facilitan la participación social, el dialogo entre los actores interesados y la cooperación en el proceso de gobernanza del agua, incluyendo de manera sobresaliente los consejos de cuenca y sus organismos auxiliares -las comisiones de cuenca y los comités técnicos de aguas subterráneas-, las juntas rurales de agua y saneamiento, los consejos de administración de los organismos operadores y el Consejo Consultivo del Agua. Para ello, se deben de destinar mayores recursos financieros para el desarrollo institucional de estas instancias de participación social multi-actor y se debe revisar y fortalecer su diseño institucional para que éstas puedan realmente convertirse en espacios de gobernanza cooperativa, para que puedan ser espacios de toma decisiones colectivas basadas en la generación de consensos y negociación alternativa de conflictos, y para que se puedan atender las asimetrías en las barreras y oportunidades de participación social de los pueblos originarios y los grupos minoritarios.
- Es necesario fortalecer y modernizar el sistema financiero del agua para canalizar mayores y más diversos recursos financieros -públicos, privados y sociales- al sector hídrico y a través de distintos instrumentos; al mismo tiempo que la CONAGUA y las demás autoridades gubernamentales relevantes deben de asegurar la eficiencia/eficacia del gasto público a través de una sólida priorización de inversiones y la optimización del gasto público tanto en inversiones de capital, en el gasto corriente y en los subsidios focalizados.
La CONAGUA -en colaboración con diferentes actores relevantes- debe de desarrollar un moderno sistema financiero del agua que permita coordinar, optimizar, regular y facilitar el uso de diferentes fuentes de financiamiento – tanto por parte del sector público y en sus diferentes órdenes de gobierno, como también por parte del sector privado, la banca de desarrollo, la cooperación internacional y la sociedad civil-; creando los mecanismos necesarios para fomentar una mayor inversión en el sector hídrico y al mismo tiempo salvaguardar el Estado Derecho, el interés público y el logro de los objetivos de la política hídrica. En este sentido, se deber reforzar la rectoría del Estado y los mecanismos institucionales para fomentar y regular la participación del sector privado y social en el financiamiento del sector hídrico. Al mismo tiempo, es necesario que las autoridades cuenten con sistemas robustos para priorizar y optimizar las inversiones y de acuerdo con criterios claros de política pública y también de rentabilidad financiera. Tanto a nivel federal, como a nivel estatal se debe contar con una cartera actualizada de proyectos bancables que permitan atraer al sector privado y otros actores interesados a invertir a favor de la seguridad hídrica.
- Es necesario un nuevo modelo de administración pública y gestión operativa del sector de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que realmente avance sistemáticamente en el mejoramiento del sector, garantizando servicios de calidad, oportunos y sostenibles financieramente en todas nuestras ciudades, en sus zonas periurbanas y en poblaciones menores, así como en las comunidades rurales esparcidas en todo el territorio, especialmente aquellas caracterizadas por alta marginación y pobreza extrema.
Por un lado, se tienen que fortalecer las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de los proveedores de servicios -ya sean estatales o municipales- a través de un programa de acción multidimensional y sin precedentes de desarrollo institucional e inversión para la expansión y mejora de los servicios. La prestación de servicios en las zonas peri-urbanas y rurales requiere de innovación constante a través de nuevos esquemas de gobernanza, innovación financiera y tecnológica –como puede ser el uso de tecnologías descentralizadas. Por el otro lado, se tiene que trabajar en las reformas sectoriales necesarias para crear las condiciones institucionales, de política pública y regulación sectorial para fomentar la definición clara de facultades y responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno -y su concurrencia, sobre todo en zonas metropolitanas y zonas rurales-; para asegurar la autonomía política de los prestadores de servicios; su autosuficiencia financiera a través del pago de tarifas diferenciadas y socialmente inclusivas-; y la presencia de un gobierno corporativo transparente, con rendición de cuentas y abierto a la participación social. El tratamiento de aguas residuales tiene que incrementarse sustantivamente, fomentando el re-uso de las aguas residuales y el ahorro en energía eléctrica a través de esquemas de economía circular y eficiencia energética. Al mismo tiempo, los prestadores de servicios tienen que volverse resilientes frente al cambio climático y otras emergencias complejas. La emergencia del COVID-19 ha afectado fuertemente la liquidez de los organismos operadores y se deben generar los mecanismos institucionales para apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones, quizás a través de la creación de un fondo de liquidez de emergencia, como se está haciendo en otros países. Asimismo, se debe desarrollar un sistema fiable de información e indicadores públicos de desempeño de los proveedores de servicios y se tiene que establecer un sistema de regulación que permita despolitizar la definición de tarifas, la evaluación del desempeño de los proveedores de servicio y establezca una hoja de ruta de mejora institucional y profesionalización -probablemente a nivel estatal.
- Es necesario un nuevo modelo de administración pública y gestión operativa del sector de agua para el campo y el desarrollo agroalimentario, orientado al ahorro y uso eficiente del agua en la producción de alimentos a través de la elevación de la productividad del agua, apoyada en la tecnificación, innovación tecnológica, capacitación de los productores y en la reconversión de cultivos; fomentando, al mismo tiempo, la cultura de pago por parte de los usuarios, fortaleciendo con ello la corresponsabilidad en la gestión operativa de la infraestructura y servicios.
El sector agrícola es el principal usuario del agua, consumiendo el 75% del consumo total del agua disponible, por tanto, se debe fomentar una mayor medición del uso del agua y una mayor inversión en la tecnificación del riego -tanto en nueva infraestructura, como en obras de conservación y mantenimiento. Se debe fomentar una mayor productividad hídrica a través de la innovación tecnológica y en buenas prácticas agrícolas y comerciales, incluyendo la reconversión de cultivos hacia aquellos con una demanda menor de agua. Es necesario considerar la ubicación de nuevos proyectos agrícolas de acuerdo con las condiciones de disponibilidad y seguridad hídrica locales. De la misma forma, se debe fomentar el uso de agua residual tratada y el intercambio de aguas de primer orden por aguas residuales tratadas. Debe eliminarse gradualmente el subsidio a la tarifa 09 de energía eléctrica, acompañado de un proceso de tecnificación del riego y eficiencia energética. Es importante hacer esfuerzos para atraer mayor inversión privada en el desarrollo y operación/mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola y a través de mecanismos innovadores de financiamiento combinado.
- El sector primario extractivo, incluyendo la minería, la industria, así como en la generación de energía -tanto por entidades públicas como privadas-; debe contar con los incentivos positivos necesarios y las sanciones adecuadas para proteger y conservar el medio ambiente y sus comunidades vecinas; y para fomentar prácticas socialmente responsables de gestión corporativa del agua.
Se deben de reconsiderar y fortalecer los instrumentos de política pública para fomentar el uso eficiente del agua en la industria y la minería -sobre todo la cuota de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales-, pues éstos no funcionan bien para los fines que fueron creados. De la misma manera, se debe fortalecer la aplicación del principio “el que contamina paga”, endureciendo las sanciones a las empresas que contaminan con sustancias peligrosas al medio ambiente, considerando que se pueden también iniciar procesos vía la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, acciones colectivas y penales. Se debe también contar con diversos incentivos fiscales, regulatorios y reputacionales para premiar las buenas prácticas socialmente responsables de gestión corporativa del agua. Es posible considerar entonces el diseño e implementación de un proceso de ‘certificación azul’ que permita identificar y reconocer estas buenas prácticas, similar a los procesos de industria limpia que exige la PROFEPA. Asimismo, se pueden también hacer esfuerzos por crear un sistema de ‘obras por impuestos’ donde las empresas pudieran desarrollar proyectos de agua potable y saneamiento, de conservación de cuencas, etc. y con impacto social en sus zonas de injerencia y bajo la coordinación y supervisión de la autoridad.
- La política hídrica debe tener objetivos claros de protección del ciclo hidrológico y el medio ambiente, así como fomentar la implementación de soluciones de infraestructura verde para mantener la integridad del ciclo hidrológico y otros co-beneficios asociados.
La política hídrica debe tener una visión integral del ciclo hidrológico y la seguridad hídrica, centrándose en la conservación de la base natural y el paisaje que hace posible la renovación y disponibilidad de largo plazo de los recursos hídricos del país, así como la protección de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas -como es el caso del flujo ambiental. Para ello, se debe de fomentar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y se debe optimizar el desempeño de la infraestructura gris a través de las soluciones de infraestructura verde. Es de vital importancia controlar la contaminación de los cuerpos de agua a través de incentivos y sanciones más serias y para ello es necesario fortalecer las capacidades de inspección y vigilancia de la CONAGUA y en coordinación con la PROFEPA. Es crítico también coordinarse con las autoridades de desarrollo urbano estatales y municipales y las autoridades forestales que tienen facultades sobre la planeación del uso de suelo, los procesos de urbanización y el cuidado de los bosques y áreas naturales protegidas, pues el crecimiento de la mancha urbana y la degradación de los bosques y áreas naturales protegidas afecta críticamente la viabilidad e integridad del ciclo hidrológico y el proceso de recarga de los acuíferos.
- Es crítico hacer inversiones importantes para asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento del sistema de presas, de infraestructura para el control y regulación de corrientes y cuerpos de agua; también es fundamental la innovación y mejoramiento permanentes de las redes nacionales de medición de la cantidad y de la calidad del agua y del sistema meteorológico nacional; esto se pude hacer a través de esquemas donde puede haber intervención del sector privado, con ventajas comparativas, incluyendo la reducción de costos para el Estado, el uso de tecnologías de vanguardia y bajo distintas modalidades de financiamiento.
El sistema de presas nacionales es de importancia estratégica para la seguridad hídrica de millones de mexicanos. Sin embargo, por mucho tiempo ha sufrido de una importante desinversión en mantenimiento y mejoras, lo que pone en riesgo su desempeño y su seguridad operativa. Es necesario entonces diseñar un programa de inversión y de gestión de activos que transforme gradualmente esta situación, algo que podría hacerse con participación del sector privado. De la misma manera, la red nacional de medición de la calidad del agua y el sistema meteorológico se encuentran también afectados por la misma desinversión y limitaciones en la gestión de activos, una situación que afecta la gestión de los recursos hídricos y la respuesta frente al cambio climático. Ambas infraestructuras y servicios podrían mejorarse con un esquema de concesión de servició al sector privado, evitando la compra inicial de activos y los altos costos de inversión inicial que esto conlleva.
- El Consejo Consultivo del Agua A.C. se fortalecerá y reorganizará para impulsar la participación inclusiva de los diferentes actores interesados en el proceso de gobernanza hídrica, para buscar la materialización de los principios normativos y lineamientos organizativos que considera relevantes para cumplir con su propósito de contribuir en la transformación del sector hídrico mexicano y para robustecer su rol de órgano de consulta y apoyo a la Comisión Nacional del Agua.
El CCA fue creado como una entidad autónoma de consulta y acompañamiento de la Comisión Nacional del Agua en el proceso de gobernanza del agua, habilitando un espacio de diálogo entre diversos actores interesados y un canal de participación social. Con el paso del tiempo, ha ido evolucionado y frente a la actual coyuntura sociopolítica, económica y ambiental se plantea una agenda de transformación institucional y de alianzas estratégicas que lo convierten en una auténtica plataforma de diálogo multi-actor, acción colectiva y aprendizaje social con el ímpetu de impulsar asiduamente los principios normativos y lineamientos organizativos para el sector hídrico mexicano presentados en este documento y a favor de la seguridad hídrica para todos los mexicanos y mexicanas, el respeto a los principios democráticos, republicanos y liberales que sustentan a nuestra sociedad, el respeto al Estado de Derecho y la utilización del mejor conocimiento científico para la toma de decisiones.
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Para quienes estén interesados en la versión amplia del documento, podrán acceder a través de las redes sociales del Consejo Consultivo del Agua AC, Facebook @consejoAGUA y twitter @ConsejoAguaMX.
Como habrán apreciado estos principios normativos y lineamientos organizativos del sector hídrico mexicano, precisan con claridad una ruta hacia la construcción de un régimen jurídico del sector hídrico, más comprensible y orientado hacia la gestión integrada del recurso hídrico, desiderato abandonado hace décadas en nuestro país y asignatura pendiente de los gobiernos de nuestro país.
Deseo expresar mi reconocimiento y agradecimiento al Consejo Consultivo del Agua por permitirme la publicación de esta importante aportación que contribuye a sentar las bases de la necesaria transformación del sector. Es relevante destacar el liderazgo del Doctor Victor Lichtinger, Presidente del CCA; la colaboración del Maestro Eduardo Mestre y del Dr. Román Gómez González Cossío; así como de los miembros activos que contribuyeron en la redacción y comentarios de este documento; y finalmente al apoyo del 2030 WRG 2030 / Banco Mundial.
Ing. Roberto Olivares
- Presidente Reloc (Red latino-americana de organismos de cuenca)
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